PARECEN VERDADES (II)
En las declaraciones del Sr. Rubalcaba -enmendando la plana a la Sra Pajín-, se puede apreciar una dimensión muy diferente a la estrictamente familiar, aunque también tenga ciertas consecuencias en este ámbito. No tiene rubor alguno en pronunciar la expresión “por encima de la presunción de inocencia”. Toda una confirmación de algo, ya sabido, en línea con la tradición socialista.
Desde su nacimiento, el Partido socialista quedó marcado por una voluntad no respetuosa con la legalidad. El 7 de julio de 1910, su padre y fundador (Pablo Iglesias) expresó, en el Congreso de los Diputados, estas desdichadas intenciones: “Estarán en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad ... cuando ella no les permita realizar sus aspiraciones”. Increíble, pero cierto.
No extraña lo más mínimo que, a lo largo de su historia ya centenaria, haya seguido al pie de la letra esta consigna. Ha dado testimonio, en multitud de ocasiones, de su flaqueza a la hora de defender el estado de derecho, sobre todo si detenta el poder. Se muestra como maestro consumado a la hora de buscar toda clase de artilugios y recovecos para, si le interesa, burlar la legalidad vigente. Es obvio que tan grave pecado democrático es cometido con la apariencia de virtud.
En esta ocasión, el Sr. Rubalcaba ha ido demasiado lejos en su afán. Se ha atrevido a hacer público su rechazo a las garantías mínimas y más elementales, que cualquier Estado, que se precie de tal, ha de salvaguardar: la presunción de inocencia. No es extraño que el clamor en contra haya sido unánime en todos los sectores, incluido el de las Asociaciones de jueces –también la de Jueces para la democracia, habitualmente a favor de las tesis socialistas-.
A pesar de todo, no abrigo duda alguna de que llevarán adelante semejante pretensión. Una vez más prevalecerá ‘el interés por el voto’ sobre el interés general y el respeto a la ley. Una vez más -¿cuántas van ya?- se impondrá, como obligatoria, una clara discriminación, un insulto evidente al principio y al derecho de igualdad ante la ley. La corrección femenina no sabe de tales exigencias. Una vez más, prevalecerán ‘las equivalencias de género’, que no es otra cosa que la búsqueda del voto de la mujer para permanecer en el poder y seguir impulsando el trabajo de ingeniería social.
Es más, si ya existían muy graves reservas en torno a las denuncias falsas de malos tratos en busca de un evidente interés o beneficio personal, esta modificación legal, si se realiza como nos tememos, no hará otra cosa que agravar aún más –si ello fuera posible- la situación actual.
Cualquier profesional del derecho sabe perfectamente hasta qué punto se viene instrumentalizando la denuncia falsa de mal trato a la mujer en beneficio propio y en evidente deterioro de la posición del varón. Hay que tener mucha cara para negar tales hechos.
¿Dónde queda el supuesto interés preferente de los hijos? Si algo daña ese interés, es el espectáculo a que se asiste en los juicios de mal trato con su vinculación a las medidas sobre los hijos. ¡Qué vergüenza!