CON EL CIRIO O CON EL GARROTE

Como es archisabido, no es fácil entender España al margen de la religión. Todo en ella ha estado –para bien o para mal- impregnado por las diferentes y opuestas opciones del Estado y de la ciudadanía frente a la religión. Modos de ver las cosas –la historia de la cultura española en sus diversas manifestaciones- irreconciliables entre sí, situados siempre en los extremos, verdaderas opciones pendulares.

A partir de semejantes actitudes identitarias, la convivencia entre los españoles se desenvolvió de hecho por los cauces del enfrentamiento, de la imposición totalitaria, de la rebelde resignación. Ello explica que siempre hayamos estado al borde al borde del abismo, de la ruptura y la división, con abierta intolerancia entre nosotros, con el vengativo afán de aprovechar el momento para dar rienda suelta a sentimientos de aniquilación del otro.

Olvidamos -por incomprensible que parezca- que aquellos sentimientos, más o menos intensos en la clase política y en la ciudadanía, nunca eran fiables. A la hora de afrontar la situación nacional, cometimos el inmenso error de aceptar ‘la ingenuidad que esquiva la objetividad de lo que puede ser sabido y pensado’ (Karl Jaspers). El resultado es conocido: nos enzarzamos en una indecente guerra fratricida, que no hizo otra cosa que profundizar aún más en las heridas, perpetuar el enfrentamiento personal y social, y dejar la obscena estela de vencedores y vencidos. Un verdadero trauma nacional sin despejar ni resolver en positivo, cuya sombra nos persigue todavía.

Una vez muerto el dictador, el pueblo español y su clase política hicimos un notable esfuerzo de reconciliación, de superación de las causas de la división pasada, de mirar al futuro en positivo. La Constitución de l978 plasmó ejemplarmente este nuevo camino. Por una vez, dimos muestras de haber aprendido la lección. Rechazamos, por fin, las dos opciones pendulares del pasado, que lo único que consiguieron fue no respetar la libertad de conciencia y la libertad religiosa del ciudadano. En lo sucesivo, ‘ninguna confesión tendrá carácter estatal’ (Art. 16.3 CE), esto es, dimos el adiós definitivo a la confesionalidad católica del Estado. Éste no puede tener, como propia, religión alguna, ni imponerla al ciudadano ni informar su legislación en la doctrina o la ética derivada de religión alguna, ni otorgar privilegios a ninguna religión. En lo sucesivo, el Estado debería ser absolutamente neutral respecto de las opciones religiosas de sus ciudadanos, que no deberán ser discriminados en base a la religión que profesen (Art. 14 CE). Dimos el adiós definitivo al laicismo sectario y anticlerical y abrimos la puerta a la colaboración con todas las Confesiones.

En aquel espíritu –no obstante los lógicos contratiempos-, hemos marchado juntos en la buena dirección durante un cuarto de siglo. Pero, en los últimos años, parece que estamos empeñados en volver a las andadas. Estamos consintiendo que afloren otra vez los sentimientos. Al margen de individualizar responsabilidades –esta tarea te la reservo a ti, amable lector-, una cosa parece cierta: Cualquier tratamiento actual de lo religioso por parte del Gobierno -aunque sólo sea tangencialmente- provoca de nuevo sentimientos muy opuestos, interpretaciones partidistas e intolerantes, acusaciones fuera de tono, división y separación, odio y violencia. Nos negamos a racionalizar y objetivar los propios modos de ver las cosas, siempre respetables pero que nadie ha de pretender imponer a los demás. ¡Mal camino llevamos! Pésimo!

Me resisto a creer que podamos a caer de nuevo en el pozo de la intolerancia y la incomprensión. Sería un ingente fracaso colectivo, que evidenciaría que no hemos progresado nada. Todos podemos y debemos flexibilizar las cosas, sembrar tolerancia, repudiar el sectarismo y la imposición –vengan de donde vengan-. Me resisto, en definitiva, a resignarme con el dicho de Agustín de Foxá, según el cual “los españoles están condenados a ir siempre detrás de los curas, o con el cirio o con el garrote”.