Los Srs. Calamita, Serrano y del Olmo, tres Jueces piedra de escándalo. Con ciertos matices -los hechos que juzgaron eran diferentes-, los tres habrían cometido el mismo imperdonable pecado. Los tres habrían optado por la incorrección femenina. Los tres se habrían atrevido a no secundar importantes planes de ingeniería social del Gobierno.
Con independencia de las plurales valoraciones que son posibles en cuanto al fondo, semejante osadía no podía, en modo alguno, consentirse. Se lanzaron a por ellos cual jauría de rabiosos exaltados. Nadie ha faltado a la cita. Ni la inmensa caterva de las feministas militantes de género, ni muchos de los habituales pesebreros y adictos al zapaterismo. Ni siquiera ciertas instituciones e, incluso, instancias judiciales o próximas a ellas. El primero ya ha sido fulminado con excomunión civil inapelable. El segundo ha sido igualmente fulminado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por mucho que haya acordado solicitar al Gobierno un indulto parcial y reduzca la pena a séis meses de inhabilitación y el tercero –más próximo a los aledaños gubernamentales- podría salir airoso.
Si algo se ha percibido desde fuera, ha sido, como diría Eugenio Trías, “la propensión humana hacia lo inhumano”. Quienes han participado en esta cacería han demostrado su aversión cancerígena al Otro, a quien han tratado de demonizar. Quienes han actuado tan fanáticamente evidencian que el odio “se ha instalado de tal modo en sus hábitos mentales de raciocinio que no es posible ya el debate, la conversación, la controversia” (Ibidem).
Aunque parezca mentira, se ha llegado –en su ceguera- a impedir que el Juez Serrano hablase de interferencias en las relaciones paterno y materno filiales y se ha llegado a afirmar editorialmente que “la Ley contra la Violencia de Género corre el peligro de ser devaluada por los prejuicios de algunos jueces” (El País, 8.10.2001). ¡Sin comentarios! Ni siquiera la invocación de la doctrina del Tribunal constitucional sobre la discriminación positiva a favor de la mujer puede amparar semejante juicio de valor. Este Tribunal no goza de credibilidad alguna, dada su dependencia política.
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