EL SOÑADO PORVENIR Es muy frecuente escuchar, en grupos muy activos de la derecha católica, la acusación de laicismo, de sectarismo y de anticlericalismo respecto de determinadas actuaciones del Gobierno ZP. Tan obsesiva es la batalla que se libra que ni siquiera es aconsejable terciar. Ni se te ocurra matizar algunos aspectos de los fundamentos de partida. Serás arrojado a las tinieblas externas. Eso sí –no faltaría más- con aparente e hipócrita caridad y en nombre de Dios. Ya sé que, en estos ambientes católicos, pletóricos de entusiasmo no exento, a veces, de un cierto fundamentalismo, se dominan a la perfección ciertas viejas prácticas eclesiásticas. Pero, precisamente por ello, no me cansaré de denunciarlas. Si te has significado en la incorrección –también existe en la Iglesia católica la doctrina de lo eclesiásticamente correcto-, te regalan con el calificativo de ‘personae non gratae’ -sin excluir el más rotundo de ‘traidor’-, eres marginado y jamás serás invitado a nada que ellos controlen. Te condenan a esa vieja práctica eclesiástica de la ‘damnatio memoriae’: el borrado de la memoria de los contemporáneos (ni siquiera será citado, aunque te copien, si les interesa). No obstante lo anterior, lo verdaderamente grave es que sus miembros –cuando se manifiestan en actos sociales sobre estos temas tan candentes de la realidad española- suelen manejar posiciones difícilmente admisibles en el estado actual de la cultura. Tienes que optar –a fin de evitar el seguro enfrentamiento personal- por tragarte varios sapos, guardar silencio y lamentar la ignorancia activa reinante (J.W. Goethe). Un ejemplo claro de cuanto expongo, lo encontré el pasado diciembre en las páginas de ABC. En una entrevista realizada a Kiko Argüello, Iniciador del Camino Neocatecumenal –activísimo grupo de la derecha católica-, éste afirma lo siguiente: “Si el Estado es un Estado laico, que no cree en Dios o no quiere que exista una confesionalidad, es fácil que a veces sin querer –de forma inconsciente incluso- haga leyes que no favorezcan la familia cristiana. Es un error muy grave que comete el Estado”. Ahora, aunque respetemos la legítima libertad de cada cual para opinar lo que estime oportuno, se explica todo lo denunciado anteriormente. Me parece que a los líderes religiosos les es exigible un mayor conocimiento de ciertas cosas. A estas alturas del s. XXI, no parece que puede negarse la realidad de las consecuencias sociales y personales de la secularización, cuyo impulso –por cierto- todavía se manifiesta de forma imparable. No parece que pueda negarse que, como ha dicho Salvador Pániker, “el pluralismo es el trasfondo esencial de nuestro tiempo. Y pluralismo significa espacio laico”. No veo una forma de organización estatal, en el marco de los valores democráticos propios de Occidente, en la que no se acoja la laicidad, como espacio de neutralidad del propio Estado y vertebrador de los derechos del individuo en orden a configurar su personal visión del mundo y de sí mismo. Esta ha sido, en el fondo, una de las grandes aportaciones de la modernidad: el que cada cual pueda escoger en la oferta plural que tiene ante sí. O, lo que es lo mismo, ‘el derecho de cada cual a ser cada cual’ (Ibidem). Mal que le pese a Kiko Argüello -y a otros grupos de la derecha católica- el Estado español no es confesional -añoranzas aparte-. No es cuestión de que el Gobierno de turno quiera una u otra cosa. La norma constitucional le ha fijado ciertos límites, que no puede traspasar. La tradicional confesionalidad del Estado –causa de tanta división entre los españoles- ha desaparecido del horizonte constitucional y de la normal actuación política del Gobierno. Así lo quisimos y lo decidimos los españoles. Ni siquiera, desde la doctrina católica, puede invocarse el Concilio Vaticano para defender con seriedad una opción a favor de la confesionalidad. La consecuencia es clara: el Estado no puede ni debe creer en Dios. En el marco de la anterior exposición, tampoco el Estado viene obligado a legislar de tal forma que se favorezca la familia cristiana ni comete error grave alguno cuando no lo hace. Tal posibilidad –propia de un pasado ya superado- ya no está en el norte del Estado actual. Éste, a la hora de legislar sobre diferentes aspectos de la familia, no tiene el deber de inspirarse en la doctrina católica sobre la familia. Ha de realizar, por el contrario los principios y valores explicitados constitucionalmente con atención a la realidad social. ¡Qué le vamos a hacer! Me temo que, como dejó dicho R. Davies, “el soñado porvenir” de Kiko Argüello y de todos los grupos de la derecha católica “no es, a menudo, más que la vuelta a un pasado idealizado”.