RECUPERAR VALORES ÉTICOS

En la anterior reflexión, subrayamos la obligación moral del político de establecer sólidas relaciones interpersonales de comunicación con el ciudadano. En ese marco, el político debe prestar atención especial a los creadores de opinión pública, sobre todo a aquellos que, ideológicamente, son sus adversarios. Es un modo de caer en la cuenta de los errores que puede estar cometiendo en su gestión. Por esta razón, ni ha de subestimar al enemigo, ni ha de despreciar a quien le critica, ni ha de crearse los turiferarios de turno.

Todas estas actitudes –aunque son muy habituales en el político- me parecen contrarias a la verdad moral. Máxime si se busca comprar a los halagadores con el dinero de los ciudadanos. La subvención a los medios de comunicación –y otros muchos favores que se otorgan- me parece inmoral y más aún cuando no se reparte equitativamente. Si el pueblo conociese la verdad de lo que ha ocurrido en tiempos no lejanos, saldría corriendo despavorido.
Cuando todo lo anterior se realiza con un mínimo de honestidad, el gobernante obtiene, como fruto, un conocimiento bastante directo y aproximado de las circunstancias e intereses que configuren la realidad social a ordenar y organizar y, de este modo, podrá actuar con la debida responsabilidad. Hemos pronunciado la palabra clave: responsabilidad. Se trata, precisamente, de imponer aquellas soluciones más apropiadas a los problemas reales existentes y más equitativas a la vista de todos los intereses en juego. Se trata de evitar lo habitual: imponer soluciones que parecen referidas a un mundo inexistente o que sólo buscan –bajo la coartada del interés general- servir a lo contrario: el interés particular. En este caso, se está recorriendo un camino claramente ajeno a la realización de la verdad moral en política.

Aunque los ejemplos sobre el particular podrían ser numerosos, creo necesario recordar a nuestros actuales gobernantes que una actuación responsable, sobre todo en estos momentos tan críticos, pasa por liquidar la mayor parte de las empresas y funciones públicas. La gestión de algunas áreas se puede realizar desde la iniciativa privada y así ahorrarnos sus cuantiosos costes en personal enchufado. Por cierto, que urge una información detallada al ciudadano de cuántas mantiene, qué hacen y cuántas personas prestan en ellas sus servicios. Otra de las actuaciones de responsabilidad política indispensable pasa por revisar los sueldos, prebendas, privilegios que ostentan los altos cargos y similares, informar al ciudadano y acabar con semejante inmoral dispendio.

Tal y como están las cosas en la política actual, me parece -a fin de evitar la ganancia habitual de los pescadores en río revuelto- que “un segundo camino para promover la verdad moral consiste en poner al descubierto las ideologías políticas que pretender suplantar la verdad” (Benedicto XVI). En este sentido, tiendo a pensar que el sistema democrático -en los términos experimentados a lo largo del s. XX- ha tenido un mucho de alienante de la condición y dignidad humanas. Hasta la misma izquierda ha cedido a la tentación tramposa de fomentar supuestos valores universales -paz, progreso, derechos humanos- cuando, en realidad, el objetivo real no iba más allá de los intereses particulares.

Personalmente tengo serias dudas de que las tan ahora cacareadas otras democracias -real, participativa, deliberativa, etc.- busquen otra cosa que “un asiento en la parte oficial de la mesa negociadora... Aquí y ahora se trata de recuperar valores éticos; defender la excelencia y el sentido de la responsabilidad; proclamar (y, por supuesto, practicar) las virtudes liberales” (Benigno Pendás).