LA VERDAD MORAL EN POLÍTICA

Ya desde el mundo de los estoicos -por no remontarnos más atrás-, se entendía que el servicio a la comunidad había de desempeñarse con honestidad e integridad. La dimensión moral del ejercicio del poder público siempre se subrayó -a lo largo de los siglos- por los pensadores cristianos y árabes. Con las grandes revoluciones -muy en concreto la americana- y la aparición del moderno constitucionalismo, el gobierno de la comunidad se entendió –cosa diferente es lo que ocurrió en su ejercicio de hecho- como un servicio, a saber, para tutelar y proteger los derechos individuales de los ciudadanos. Quizás, en esta vocación de servicio, se exprese y radique la auténtica verdad moral de la política, la verdadera legitimidad de la acción de gobierno -encomendada por los ciudadanos a sus representantes-, la esencial dimensión ética de la política, verificable en el día a día.

Desde esta radical perspectiva, la obligación moral del gobernante en el ejercicio de su función institucional tiene mucho que ver con el originario pacto social. Es decir, gobernar para servir a los derechos e intereses de la comunidad es una ley impuesta por el cuerpo electoral -una especie de condición sine que non- y que el político acepta y debe obedecer bajo la sanción de quedar -en caso de incumplimiento- totalmente deslegitimado. La tutela de los derechos de los ciudadanos, en definitiva, funciona como gran criterio de legitimación del político y de la calidad misma de la democracia, como la justificación última del poder. Derechos que, por otra parte, funcionan como esferas de libertad frente a ese poder político otorgado.

Hace ahora un año, Benedicto XVI, en su viaje a Chipre (L’ Osservatore romano, 24, 2010, pág. 6) nos recordó que las relaciones interpersonales, la comunicación frecuente con la ciudadanía -escuchar a la calle- son un primer paso indispensable o, mejor, un instrumento necesario para conocer la voluntad de los gobernados y el legítimo juego de intereses que se den cita, y, a partir de todo ello, cumplir o intentar satisfacer, en la medida de lo posible, el bien general de la comunidad que se gobierna.Si se desea satisfacer el interés del ciudadano, parece de elemental exigencia imponerse la obligación moral de escucharlo. Imperativo ético que el político actual suele rehuir con obstinación.

Asumir en serio –como debería- esta obligación moral, supondría para el gobernante que éste se manifieste y comporte ante el ciudadano –a quien debe su elección, su medio de vida, su posición social, su protagonismo en multitud de ámbitos, su función- con cercanía y proximidad, sin altanería y prepotencia, con humildad y sencillez, con vocación de servicio y trasparencia, con afán de conocer su voluntad y grado de satisfacción ante la gestión realizada. Todo un mundo relacional complejo, que reclama del político arbitrar un cauce a través del cual fluya la comunicación y se posibilite, después de un riguroso análisis, la puesta en marcha de las medidas más apropiadas para el gobierno de la comunidad. ¡Qué diferencia con lo que suele ocurrir!