LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Una de las manifestaciones más claras de la importancia que una sociedad otorga a la educación de sus ciudadanos reside en la financiación de su sistema educativo. Vamos a mostrar, al respecto, cómo la realizan en aquellos países (Semanal ABC, 10.12.2011), que tienen reconocido un notable éxito educativo.

Según declaraciones de Reijo Aholainen, Director del Ministerio de Educación y cultura, en Finlandia “hay consenso para que nunca falte financiación. Casi todas las escuelas son públicas y municipales. El transporte escolar, los libros y la comida son gratis. Nuestras aulas tienen televisor, cocina, audiovisuales...¡y un ordenador por cada dos alumnos! El Estado corre con los gastos educativos de cada filandés hasta que consigue un título”. Viene a invertir unos 200.000 € en educar a cada filandés desde primaria hasta la Universidad. Se le inculca al alumno que no malgaste el dinero del contribuyente, que es quién paga, en definitiva, su educación.

En Suecia hubo un momento –al inicio de los 90- en el que se entendió que el derecho a elegir el mejor Colegio para los hijos no podía depender de la capacidad económica de sus padres. Odd Eiken, ex secretario de Estado de educación, explica cómo el Gobierno conservador promovió una reforma –que respetaron y mantuvieron después los socialdemócratas-, consistente en que el Estado da un cheque anual por cada hijo, de un valor que oscila entre 6000 y 7500 €. Las familias –dentro de cada municipio- reciben la misma cantidad por hijo. Con esa cantidad se cubre aproximadamente un 85% del coste de la escuela, que los padres hayan elegido, sea pública o privada. Sistema de financiación, que apoyan la izquierda y la derecha políticas.

En Singapur, otro de los países que entendió que la educación era clave para sobrevivir y competir, dedica –según Saravanan Gopinathan, Profesor de un Instituto nacional de educación- el 20% del presupuesto nacional. “Lo consideramos –dice- una inversión, no un gasto”.

En Corea del Sur –nos cuenta Sunwoong Kim, Profesor universitario-, se dedica a la educación casi el 7% del PIB. Como ello no es suficiente, en las escuelas públicas gratuitas “se debe pagar un donativo, que se supone que es voluntario pero que en realidad no lo es, de 600 dólares mensuales”. Sin embargo, las familias pagan otro tanto o más que el Gobierno en educación.

En España se ha abierto el debate –con gran escándalo entre los profesionales de la enseñanza pública más atentos, en general, a sus derechos laborales que a los frutos de su función- en torno a la gratuidad de la enseñanza, sobre todo en el nivel universitario. Como en tantas otras cuestiones, la iniciativa ha correspondido a Esperanza Aguirre. Es cierto que el alumno universitario apenas satisface el 10% del costo de la plaza que ocupa. Es cierto también que si no aprueba, volverá a disfrutar de un precio casi gratuito por su nueva matrícula. Es cierto que este estado de cosas puede llevar a preguntarse sobre su dimensión social. Es cierto que los impuestos del ciudadano -y todos pagamos- se utilizan para financiar la desidia de muchos repetidores. Es cierto, por tanto, que el debate sobre la gratuidad de la enseñanza –al menos, en ciertos niveles- es merecedor de atención.
Sin embargo, soy partidario de la más amplia gratuidad en la enseñanza a todos sus niveles. Dado el alto nivel impositivo que soportamos, hemos adquirido el derecho a recibir la educación de nuestros hijos con gratuidad. Su exigencia efectiva me parece una cuestión elemental y esencial, de simple salud democrática, correspondiente con la prioridad en que ha de situarse la educación, que retrata a la sociedad misma y al Estado, y que marca el futuro del país en todos los aspectos.