LA LEY IGUAL PARA TODOS
Una de las polémicas más vivas de las últimas semanas ha girado en torno a dos hechos frente a los cuales el ‘establishment’ occidental, acoquinado por el miedo, ha vuelto a emplear un doble rasero de medir. Nos referimos a la construcción de un Centro religioso-cultural musulmán en la Zona Cero y la intención del pastor Terry Jones de conmemorar el 11-S con la quema del Corán. La opinión pública mundial –convenientemente desinformada por los medios de comunicación que no quieren salir de la corrección política- se ha limitado, en general, a seguir a sus líderes políticos.
Parece que seguimos condenados a no entender las cosas. Son posibles, en efecto, todos los debates imaginables. Caben las posiciones más encontradas. Pueden expresarse opiniones para todos los gustos. Pero, sobre todo, deberíamos atenernos a la Ley, igual para todos, máxime en su máxima manifestación constitucional. La libertad religiosa –hoy por hoy- es, en la civilización occidental, un principio organizador de la convivencia democrática (a la vez que un derecho fundamental de todos y cada uno de los ciudadanos y de los grupos en que se aglutinan) de carácter inquebrantable y del que jamás hay que abdicar. Al contrario, se ha de propugnar y exigir, en la convivencia ordinaria y en la vida real, de manera radical, sin tolerancia alguna. La consecuencia es clara: los fieles de cualquier religión pueden construir sus templos donde lo estimen conveniente, siempre y cuando cumplan los requisitos urbanísticos y administrativos que exige la ley. No hay más discusión. No es una cuestión de tolerancia, ni de diálogo inter religioso ni de civilizaciones. Los musulmanes son también ciudadanos y pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de fieles de otras religiones. Construir un lugar de oración es sencillamente un derecho.
También Terry Jones –como cualquier otro ciudadano- tiene el derecho de amenazar y quemar el Corán. No es una actitud adornada por la prudencia, la tolerancia o la conveniencia. Pero es y forma parte del contenido de la libertad de expresión. Podrá gustar más o menos. Pero, sería la expresión del ejercicio de un derecho o libertad garantizada constitucionalmente.
Cosa muy diferente es lo que, en tales Centros de oración, se pueda enseñar o a lo que se pueda incitar. La experiencia nos enseña al respecto que el Estado no puede ni debe llamarse andana. Muy al contrario, ha de estar en permanente vigilancia y exigir el cumplimiento de la legalidad vigente. Ya se han cometido y se vienen cometiendo –sobre todo en España- suficientes errores. No tiene sentido alguno actuar bajo el miedo o con la idea de evitar contrariar al mundo del radicalismo islamista. Pensar –como es habitual en Occidente- que de este modo no seremos víctimas del terrorismo islamista es de una ingenuidad supina. Los hechos, en este sentido, son incontestables. No partir de ellos es la expresión suprema de una gran irresponsable estupidez.
Occidente, al valorar los hechos referenciados con un doble rasero, ha vuelto a evidenciar que no ha aprendido la lección de los hechos. Es urgente un cambio de política al respecto. Después no valdrán las lamentaciones. ¡Que todos, con independencia de la religión que profesemos, respetemos y cumplamos la misma legalidad!